(Foto: https://caminatadelxssinvoz.wordpress.com/)
En Santiago aún se siente el calor del último verano. Todavía la gente usa chores y lentes de sol. Cerca de La Moneda, exactamente, entre la Alameda Bernando O’Higgins y Morandé, hay un grupo de turistas que, por la forma de hablar, parece una familia brasileña. Ellos detuvieron su marcha para tomar unas fotos, pero no a La Moneda sino a una protesta denominada “Caminata de los sin voz”, realizada el día 31 de marzo del presente año.
No es una protesta “multitudinaria”, a lo mucho hay veinte
personas. No hay tambores, pero todos gritan con fuerza e indignación. Algunos de
sus carteles dicen: “No estamos todos, faltan lxs presos y presas”; “No más
torturas en las cárceles”; “81 razones para no olvidar”. Esta última frase está
grabada en una gigantografía, acompañada de imágenes del incendio de la Cárcel
de San Miguel, acaecida el 8 de diciembre del año 2000 (justo a dos días de
celebrarse el Día internacional de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos).
En esta manifestación también hay otro grupo de personas,
casi la misma cantidad y con uniformes, Carabineros de Chile. Muchos de ellos
observan el acto con indiferencia, quien sabe a la espera que “alguien mueva un
lápiz” para poder actuar. Una carabinera en cambio prefiere mirar el acto desde
un lugar privilegiado, frente a los manifestantes, con una cámara en la mano,
por si algún detalle se le escapa.
La gran mayoría de los manifestantes son familiares de personas
privadas de libertad que murieron calcinadas en aquel fatídico ocho de
diciembre. Otros son parientes o amigos de personas privadas de libertad que actualmente
están cumpliendo una pena en un recinto penitenciario de Santiago. Y unas cuantas
son personas que se solidarizan con la problemática carcelaria que existe en
Chile. Dicha problemática involucra como responsables a: Gendarmería, el
Congreso, el Poder Judicial.
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| (Foto: https://caminatadelxssinvoz.wordpress.com/) |
En el caso del Poder Legislativo, porque aún no dicta una ley
de ejecución de penas, acorde a los Tratados internacionales de derechos
humanos (por ejemplo: las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de
1955, dictado por la ONU). En lo que respecta al Poder Judicial, actualmente,
viene incumpliendo su obligación de control de la legalidad al interior de los
recintos penitenciarios. Excusarse de ello en razón a la falta de una ley de
ejecución de penas, resulta una explicación insuficiente. Pues la normativa
vigente establece mecanismos de defensa para personas privadas de libertad,
tales como los recursos de protección y de amparo. Sin embargo, investigaciones
socio-jurídicas, como la efectuada por el jurista alemán J. Stippel (ver su
libro, “Cárcel, Política y Derecho”), nos dicen que la actitud del aparato
judicial es pasiva frente a la vulneración de los derechos no afectados por la
condena de las personas privadas de libertad (derecho a la salud, derecho al
trabajo, derecho a la sexualidad), porque la gran mayoría de los recursos de
protección o amparo, interpuestos por personas privadas de libertad o sus
familiares, vienen siendo rechazados sin fundamento jurídico alguno; lo cual en
cierto grado legitima el proceder arbitrario de Gendarmería.
Termina el acto de protesta pero antes, uno de los
organizadores de la “Caminata de los sin voz” ha hecho entrega a la mesa de
partes de La Moneda un memorial dirigido a la Presidente de la República en
donde solicita la pronta solución del problema carcelario del país. Entre otros
problemas podemos mencionar: actos de tortura al interior de los recintos
penitenciarios, traslados injustificados de personas privadas de libertad a
lugares distantes de sus familiares, restricciones al ejercicio de la sexualidad,
especialmente, a mujeres privadas de libertad; excesivas horas de encierro y
pocas horas de patio, muertes en los recintos penitenciarios, obstáculos legales
para “eliminar antecedentes penales”, etcétera.
Esta “Caminata de los sin voz” reclama también mayor
conciencia ciudadana a la sociedad, porque es allí a donde retornaran los
privados de libertad una vez cumplida su pena.
